Estados Unidos, en calidad de parte no contendiente y neutral en el caso, recordó que el CAFTA-DR impone un plazo de tres años para presentar reclamos desde que el inversionista conoce el hecho y el daño, y que exceder ese límite puede llevar al rechazo del caso por falta de jurisdicción
Tegucigalpa, Honduras. – El Estado de Honduras enfrenta siete demandas ligadas al sector energético ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre estas se encuentra la presentada por los guatemaltecos Fernando Paiz Andrade y Anabella Schloesser de León Paiz registrada el 13 de septiembre de 2023.
Mientras los demandantes basan parte del arbitraje en la aprobación de la Ley Especial para Garantizar la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano (decreto legislativo 46-2022), Honduras instó al CIADI a desestimar la demanda que ronda los USD 160 millones, informó Law360, un sitio de noticias legales con sede en Nueva York.
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En el Memorial sobre Objeciones Jurisdiccionales de la República de Honduras, el Estado argumenta que el CIADI carece de jurisdicción para conocer la disputa porque los demandantes no agotaron los recursos internos previo a recurrir al arbitraje y que los reclamos son extemporáneos, al haber sido presentados fuera del plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Los Paiz argumentan que Honduras redujo los derechos e ingresos prometidos, violentando el acuerdo de compra de energía con la empresa Pacific Solar Energy S.A. de C.V., por lo que se habría incumplido el CAFTA-DR. La planta fotovoltaica fue construida en 2016 en Nacaome, Valle, en el sur de Honduras.
El Estado de Honduras alega que, en el memorial de demanda, los Paiz habrían especificado que los hechos que dieron lugar a sus reclamaciones se produjeron tres años previo a la presentación de la notificación del arbitraje, sin embargo, al buscar la información en el documento esta no se encuentra tal cual la plantea la parte demandada, aunque también existe información que fue protegida y no puede ser leída por el público. Solar Pacific Energy sí admite que antes de 2020, los pagos de la ENEE a la empresa se retrasaban.
Estados Unidos, como parte no litigante y sin adopción de una posición, comunicó una interpretación en la que establece que el CAFTA-DR impone un límite de tres años para presentar reclamos desde que el inversionista tuvo o debió tener conocimiento del hecho y del daño. En caso de que el inversionista tarde más tiempo para realizar sus reclamos, el tribunal puede rechazar el caso por falta de jurisdicción temporal.
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Entre los hechos principales presentados, el Estado argumenta que el decreto legislativo 46-2022 no modificó el acuerdo o contrato de compraventa de energía (PPA), tampoco es una amenaza de expropiación para los generadores, y que el contrato entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Pacific Solar se continúa ejecutando sin modificación tras la entrada en vigor del decreto 46-2022.
¿QUIÉNES SON LOS PROPIETARIOS DE PACIFIC SOLAR ENERGY?
En la notificación de intención de los demandantes dirigida a la Secretaría de Desarrollo Económico en octubre de 2022, Fernando Paiz Andrade especificó que posee una participación del 100% en Pacific Solar Energy.
Sin embargo, de acuerdo con lo planteado por Law360, el Estado de Honduras estaría cuestionando que los Paiz sean los verdaderos propietarios de la fotovoltaica, debido a que estos únicamente habrían presentado un diagrama de la estructura de la propiedad certificado por un notario guatemalteco, o que incluso sean los titulares del acuerdo de compra de energía. Según lo publicado por el sitio especializado en noticias legales, Honduras sostiene que Pacific Solar ya no es dueña de la inversión, porque transfirió el contrato y la planta a un banco hondureño mediante un fideicomiso.
En el informe “Inversiones mafiosas contra Honduras” se aborda como las siete demandas en el sector energético contra el Estado de Honduras ante el CIADI, “fueron presentadas en contra de los esfuerzos del gobierno hondureño para renegociar los contratos sobre el costo de la electricidad y como parte de los esfuerzos para rescatar a la ENEE”.
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